El Estado paraguayo indemnizará en más de 1.200 millones a 22 herederos del cadete Anastacio Benítez. Así lo resolvió el Tribunal de Apelación en lo civil y comercial, 4ª sala, tras revocar una sentencia dictada en primera instancia que desestimaba la acción. La Cámara concluyó que el joven fue víctima de torturas, tratos crueles y homicidio por razones políticas. Un Fallo Civil EJEMPLIFICADOR.
Se trata del Caso del Asesinato del Cadete Alberto Anastacio BENITEZ AGUSTTI, nacido el 22 de Noviembre de 1944 en la ciudad de Asunción del Paraguay, asesinado en 1962.
El fallo, firmado por los camaristas Raúl Gómez Frutos, Eusebio Melgarejo Coronel y Carmelo Castiglioni, condena al Estado paraguayo al pago de G. 1.200 millones, más interés mensual del 2,5% a partir del 19 de mayo del 2009, fecha de inicio del juicio, a 22 herederos del cadete Anastacio Benítez representados por la abogada Rumelia Espínola.
La Cámara revocó la sentencia dictada el 12 del año pasado por el juez Nery Joel Kunzle, quien argumentó que se trató de un hecho más de los cometidos durante el régimen totalitario y que no existen órganos de gobierno de aquella época que fueron responsables del crimen.
La Cámara destaca que las circunstancias del crimen del cadete Benítez es un hecho notorio y que si existe una imposibilidad insuperable de individualizar a los agentes públicos intervinientes, basta con individualizar a algunos de los sujetos –el Presidente de la República– para cumplir el requisito de admisibilidad.
“Evidentemente, aunque el Presidente de la República de otrora no haya sido quien por sus propias manos infringió los daños al cadete Benítez, no podemos sino entender que dichos daños fueron infringidos por orden o, cuando menos, con conocimiento y consentimiento de los mismos, considerando lógicamente el funcionamiento de la estructura jerárquica que rige en todas las dependencias del Estado y el sistema político imperante en el país al tiempo de la ocurrencia de los hechos”, explica Gómez Frutos.
“Es innegable todo el daño patrimonial, así como también extrapatrimonial, sufrido por el señor Alberto Anastacio Benítez y su familia, víctimas de la dictadura, como consecuencia de la detención arbitraria, tortura y privación ilegítima de la libertad y posterior homicidio, que se desembocara por razones políticas”, agrega Gómez Frutos al destacar la disgregación sufrida por la familia a causa de la persecución sufrida durante el régimen stronista.
HEREDEROS BENEFICIADOS
Antonio Benítez Santacruz, Nilda Benítez Vda. de Alcaraz, Domingo Gilberto Benítez Agusti, Heriberto Ceferino Benítez Agusti, Juan de Rosa Onofre Benítez Agusti, Inocencia Benítez Santacruz, Arminda Benítez Santacruz, Adela Dora Benítez Agusti, Ondina Rodríguez Vda. de Benítez, Hugo Gregorio Benítez Benítez, Guillermo Ramón Benítez Benítez, Arnaldo Benítez Benítez, Alberto Benítez Benítez, Aldo René Benítez Benítez, Lilian Mabel Benítez Benítez, Lourdes Benítez Benítez, Anastacio de Jesús Benítez Aranda, Daniela Godoy Vda. de Benítez, Waldino Antonio Benítez Godoy, Norma Marian Benítez de Méndez, Claudelino Daniel Benítez Godoy y Mario Alberto Benítez Godoy.
Se trata del Caso del Asesinato del Cadete Alberto Anastacio BENITEZ AGUSTTI, nacido el 22 de Noviembre de 1944 en la ciudad de Asunción del Paraguay, asesinado en 1962.
El fallo, firmado por los camaristas Raúl Gómez Frutos, Eusebio Melgarejo Coronel y Carmelo Castiglioni, condena al Estado paraguayo al pago de G. 1.200 millones, más interés mensual del 2,5% a partir del 19 de mayo del 2009, fecha de inicio del juicio, a 22 herederos del cadete Anastacio Benítez representados por la abogada Rumelia Espínola.
La Cámara revocó la sentencia dictada el 12 del año pasado por el juez Nery Joel Kunzle, quien argumentó que se trató de un hecho más de los cometidos durante el régimen totalitario y que no existen órganos de gobierno de aquella época que fueron responsables del crimen.
La Cámara destaca que las circunstancias del crimen del cadete Benítez es un hecho notorio y que si existe una imposibilidad insuperable de individualizar a los agentes públicos intervinientes, basta con individualizar a algunos de los sujetos –el Presidente de la República– para cumplir el requisito de admisibilidad.
“Evidentemente, aunque el Presidente de la República de otrora no haya sido quien por sus propias manos infringió los daños al cadete Benítez, no podemos sino entender que dichos daños fueron infringidos por orden o, cuando menos, con conocimiento y consentimiento de los mismos, considerando lógicamente el funcionamiento de la estructura jerárquica que rige en todas las dependencias del Estado y el sistema político imperante en el país al tiempo de la ocurrencia de los hechos”, explica Gómez Frutos.
“Es innegable todo el daño patrimonial, así como también extrapatrimonial, sufrido por el señor Alberto Anastacio Benítez y su familia, víctimas de la dictadura, como consecuencia de la detención arbitraria, tortura y privación ilegítima de la libertad y posterior homicidio, que se desembocara por razones políticas”, agrega Gómez Frutos al destacar la disgregación sufrida por la familia a causa de la persecución sufrida durante el régimen stronista.
HEREDEROS BENEFICIADOS
Antonio Benítez Santacruz, Nilda Benítez Vda. de Alcaraz, Domingo Gilberto Benítez Agusti, Heriberto Ceferino Benítez Agusti, Juan de Rosa Onofre Benítez Agusti, Inocencia Benítez Santacruz, Arminda Benítez Santacruz, Adela Dora Benítez Agusti, Ondina Rodríguez Vda. de Benítez, Hugo Gregorio Benítez Benítez, Guillermo Ramón Benítez Benítez, Arnaldo Benítez Benítez, Alberto Benítez Benítez, Aldo René Benítez Benítez, Lilian Mabel Benítez Benítez, Lourdes Benítez Benítez, Anastacio de Jesús Benítez Aranda, Daniela Godoy Vda. de Benítez, Waldino Antonio Benítez Godoy, Norma Marian Benítez de Méndez, Claudelino Daniel Benítez Godoy y Mario Alberto Benítez Godoy.
Por Elena Llorente
